Abuso de autoridad

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Abuso de autoridad

Abusa de su autoridad quien, prevaliéndose del mando y autoridad que posee, se arroga atribuciones que en rigor no se deducen de ellos.

Son muchos los militares los que son objeto de una denuncia de este tipo, más de lo que sería deseable, pero mayores son los archivos motivados por la inconsistencia de las pruebas en las que se sustentan.

Una defensa tibia en este sentido puede dar al traste toda una estrategia de defensa dirigida a la absolución de la acusación, para ello es necesario actuar con la máxima celeridad para rebatir los argumentos acusadores y revertir la situación en un posible delito de acusación y denuncia falsa.

Llámanos lo antes posible y comenzaremos a diseñar toda una estrategia de defensa dirigida a restablecer tu honorabilidad y prestigio si es que en algún momento se han visto dañadas, así como acusar a quien falsamente te denuncia por unos hechos que no has cometido.

El término «autoridad» no debe entenderse en un sentido estricto, sino en uno amplio, comprensivo de aquellos poderes o funciones que da el mando militar a todo el que por su graduación es capaz de ejercerlo en alguna forma sobre sus subordinados.

El Código Penal Militar, regula el abuso de autoridad como uno de los delitos contra la disciplina, concretamente en el Capítulo III (“Abuso de autoridad”) del Título II (“Delitos contra la disciplina”). Se ha dicho que la disciplina ha de convertir a quienes la poseen en «espejo de abnegación y desinterés, de respeto a los superiores, de deferencia con los iguales y de exquisita corrección respecto a los inferiores en la jerarquía castrense».

Por otra parte, y según las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, éstas forman una institución disciplinada, jerarquizada y unida, características indispensables para conseguir la máxima eficacia en su acción. Así, constituyendo la primera un factor de cohesión que obliga a todos por igual, será practicada y exigida como norma de actuación, y tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución.

Las modalidades de abuso de superioridad son:

Abusar de las facultades de mando o de la posición en el servicio, irrogando, con ello, un perjuicio grave al inferior, obligándole a prestaciones ajenas al interés del servicio o impidiéndole arbitrariamente el ejercicio de algún derecho (artículo 45 del Código Penal Militar); como por ejemplo dar órdenes dirigidas o encaminadas a la realización de prestaciones personales que nada tienen que ver con el servicio. Como, por ejemplo, ordenar al subordinado que lave el coche propio, o mandarle a hacer recados con el mismo fin, somo si se tratase de un sirviente o criado.

Maltratar de obra a un inferior: conducta que se gradúa por el Código atendiendo a si ha habido o no lesiones y a si éstas son o no graves, o a si ha causado la muerte del inferior (artículo 46 del Código Penal Militar).

Este tipo de conductas afortunadamente cada vez se dan menos en las Unidades, pero aún se dan en algunos reductos aunque casi de forma marginal. Antaño era muy frecuente el castigo personal por parte del superior y el silencio por el inferior, siendo que ahora en los tiempos que corren, todos los militares son conscientes de que nadie tiene derecho a agredir a otro sea quien sea, siendo esta conducta precisamente la que ampara la norma, pero como decimos, no son nada frecuentes los casos de este tipo

Tratar a un inferior de manera degradante o inhumana (artículo 47 del Código Penal Militar).

Son las consecuencias derivadas del abuso de autoridad descritas las que diferencian este delito de los que comportan una extralimitación en el ejercicio del mando, regulados en los artículos 65 y 66 del mismo cuerpo legal.

Este delito se produce con demasiada frecuencia, más de la que sería deseable, siendo uno de los que podríamos denominar delitos estrella.

La sentencia de la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo nº 2170/2003, de 28 de marzo, fundamenta el delito en los siguientes términos:

"De conformidad con la doctrina de la Sala, que los tratos apreciados (…) tienen la condición de "degradantes" y suponen una acción vejatoria a las víctimas, afectando al derecho reconocido en el art. 15 de la Constitución Española cuando establece que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". El concepto de trato degradante viene del art. 3º del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de Noviembre de 1950, el cual, a su vez, tiene como antecedente el art. 5º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, y fue posteriormente recogido en el art. 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, todos ellos constitutivos de fuente del derecho español de acuerdo con el art. 10.2º CE, cuando se refiere a que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, toda vez que el Convenio de Roma fue ratificado en Instrumento de 26 de septiembre de 1979, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 13 de abril de 1977. Paralelamente, dichos textos fundamentales han de ser completados con la Convención de Nueva York de 10 de diciembre de 1984, ratificada el 19 de octubre de 1987 y el Convenio Europeo de 26 de Noviembre de 1987 ratificado el 28 de abril de 1989, en relación a la prevención de la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes.

A efectos de la inclusión de las conductas citadas en la citada normativa descrita hay que acudir a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al interpretar el art. 3º del Convenio de Roma (SSTEDH de 18.01.78 y 25.04.78, 25.02.82; 28.05.85; 27.08.92; 9.12.94; 28.11.96 y 10.05.01) resoluciones todas ellas en las que el TEDH perfila el concepto de "trato degradante" en los supuestos de afectación de la dignidad, en la existencia de humillación ocasionada por la conducta que los origina y en los efectos psicológicos desfavorables para la víctima; describiendo que los malos tratos "han de revestir un mínimo de gravedad", significando que "la apreciación de ese mínimo es cuestión relativa por su propia naturaleza, que depende del conjunto de los datos del caso, y especialmente de la duración de los malos tratos y de sus efectos físicos o mentales y, a veces, del sexo, de la edad, del estado de salud de la víctima, etc., debiendo analizarse también el hecho de que los tratos degradantes creen en las víctimas "sentimientos de temor, de angustia y de inferioridad, susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar en su caso su resistencia física o moral". Esta jurisprudencia europea ha sido luego ratificada por el Tribunal Constitucional (SS de 29.01.82; 11.04.85 y 27.06.90 y por esta Sala de lo Militar en numerosas Sentencias 30.10.90; 14.09.92; 23.3.93; 12.4.94; 29.04.97; 25.11.98 y 20.12.99, entre otras), haciendo siempre hincapié en que la humillación o degradación del superior y el desprecio al valor fundamental de la dignidad humana han de ser valorados para la configuración del tipo delictivo del art. 106 CPM en su modalidad de trato degradante.

La definición de dicho trato en el ámbito militar tiene que incluir cualquier atentado a la dignidad de la persona que lesione su integridad moral de forma grave para que, objetivamente, pueda generar sentimientos de humillación y vejación, debiendo tenerse especialmente en cuenta el contenido del art. 171 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas aprobadas por Ley 85/1978 que, en su artículo 171, reconoce la protección y el deber de respeto y el derecho a exigir "la dignidad y los derechos inviolables de la persona" , estableciendo que "ningún miembro de los Ejércitos podrá hacer objeto a los demás, ni sufrir él mismo maltrato de palabra u obra ni cualquier otra vejación o humillación indebida de sus derechos". Proyectando la citada doctrina genérica y abstracta sobre la dignidad y el trato degradante en relación con el derecho a la libertad sexual, ha de constatarse que ésta última, conforme a constante jurisprudencia, ha de entenderse como "un bien eminentemente personal" y que queda afectado cuando se violenta la libertad de la mujer agredida con cualquier tipo de ofensa de tal carácter y, en el marco del delito de abuso de autoridad, cuando la conducta esté realizada por un superior respecto a quién le está subordinada jerárquicamente lo que constituye la razón del prevalimiento, que es el requisito inserto en la norma para la determinación de la concurrencia de los elementos del delito.”

Asimismo, la sentencia aludida conceptúa lo que debemos entender por trato degradante, siendo este el que: “incluye situaciones en que la víctima sienta sentimientos de humillación y vea perturbada su estabilidad física o psíquica, quedando patente la absoluta oposición de la misma a los deseos o intenciones de quién perturba su libertad sexual, prevaliéndose de su jerarquía y haciendo un uso totalmente reprobable de la potestad de mando, afectando a la integridad moral del sujeto pasivo, que son encuadrables en lo que en el lenguaje técnico jurídico se viene configurando con la expresión "acoso sexual".

Igualmente precisa la sentencia. “Queremos precisar que en el ámbito del Código castrense el abuso de autoridad del art. 106 incluye estas conductas como indiscutiblemente caracterizables como trato degradante de forma inequívoca conforme a la doctrina de la Sala antes referenciada, delito éste que por su naturaleza pluriofensiva integra el quebrantamiento de la disciplina y de los deberes del mando, además de la actuación sobre los sujetos pasivos con las consecuencias de vulneración de sus derechos fundamentales, en este caso plasmada en una serie de actos y actitudes especialmente caracterizables conforme a la descripción del "acoso sexual", prevista en el art. 184 del Código Penal”.

Si eres objeto de una acusación por abuso o estás siendo la víctima de una situación de abuso de autoridad en cualesquiera de sus formas, llámanos y te defenderemos poniendo a tu servicio toda nuestra experiencia y conocimientos.